El gobierno
de Felipe Calderón decidió ya no informar cuántos muertos se han
registrado en la guerra contra el narcotráfico.La cifra correspondiente
al año 2011 ha sido catalogada como reservada y confidencial, según se
desprende de dos expedientes elaborados apenas en noviembre pasado por
los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Datos Personales (IFAI).
En respuestas a dos solicitudes de
acceso a la información tramitadas por ciudadanos –de los cuales sus
nombres fueron omitidos por protección de datos personales- la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Presidencia pusieron
bajo llave esta información sin que exista una fecha –mes y año- para
que pudiera conocerse en el futuro tal y como lo marca la Ley Federal de
Transparencia.
El plazo máximo que dispone dicha norma
es de 12 años para información reservada. Para la PGR, la cifra de
muertos ahora es confidencial por razones de seguridad nacional por lo
que ni siquiera podría conocerse en algún momento. En tanto, para la
Presidencia se trata de información reservada toda vez que los datos
preliminares aún no han sido verificados; sin embargo, no estableció
cuánto tiempo más demorarían en ese trabajo.
Por lo pronto, la única información
disponible será la que ya proporcionaron medios impresos como Reforma,
El Universal yMilenio quienes han apuntado un incremento de alrededor de
12 mil muertos más respecto al cierre del 2010. La cifra oficial –la
última que pudo conocerse en ese año- indicó que los fallecidos fueron
alrededor de 34 mil. Estos medios de comunicación hacen sus estimaciones
mediante sus propias bases de datos.
Animal Político solicitó a la
Presidencia conocer sus razones para ocultar esos datos correspondientes
al año 2011, pero optaron por no responder.
Esta postura oficial manejada por la
Presidencia así como por la PGR representan un viraje en la política de
transparencia de los últimos años. En agosto del 2010, durante los
“Diálogos por la Seguridad”, el entonces director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, reveló por
vez primera que el conteo oficial había registrado, hasta ese momento,
28 mil muertos.
Esta cifra fue puesta sobre la mesa
luego de que académicos y líderes de organizaciones civiles protestaron
ante el propio Felipe Calderón por la falta de información sobre cómo
iba la guerra contra el narcotráfico y, sobre todo, el resultado que
tenían dentro de las Fuerzas Armadas.
A partir de ese momento no sólo se
nombró a un vocero para informar sobre el estado de la guerra contra el
narcotráfico, Alejandro Poiré, sino que además en el portal de la
Presidencia se abrió desde entonces un espacio con cifras y datos sobre
el número de fallecidos ya fuera por enfrentamientos entre bandas
rivales, asesinatos por ajustes de cuentas, o bajas en enfrentamientos
con el Ejército, la Marina o la Policía Federal.
La información concerniente a 2012 ya no
fluirá hacia los académicos, organizaciones civiles y medios de
comunicación. En su edición del pasado 3 de enero, The Washington
Post criticó que después de prometer que actualizaría las cifras con
regularidad, no ha informado por su propia cuenta el número de muertes
(relacionadas con el narcotráfico), tal vez porque la línea de la
tendencia no se vería bien.
Ayer, tres de los principales periódicos
mexicanos ofrecieron cifras de sus propios recuentos sobre muertes
relacionadas con el narcotráfico: Reformapublicó que en 2011 hubo un
total de 12 mil 359 muertes,Milenio registró 12 mil 284 muertes
relacionadas con drogas el año pasado y La Jornada contó 11 mil 890
muertes en 2011.
De acuerdo con el recuento de los
diarios nacionales y las cifras publicadas hace un año por el gobierno
de Calderón, la cifra total de muertos a cinco años de declarada la
guerra contra el crimen organizado ya rondaría los 50 mil.
Información clasificada: PGR
El 20 de junio del año 2011, un
ciudadano pidió a la PGR que le entregaran la base de datos sobre
“fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” –como
oficialmente se le ha conocido- con cortes semanales, desglosada por
tipo de enfrentamiento. La información se requirió por municipio desde
el año 2006 hasta el momento en que se hizo la solicitud.
En su primera respuesta, la PGR lo
remitió a un portal de internet –el de la Presidencia- en el cual venían
algunas bases de datos con información sólo hasta diciembre de 2010. Es
decir, faltaba todo el año siguiente.
Al conocer este asunto –expediente
4482/11- la entonces comisionada María Marván –ahora nombrada consejera
ciudadana de Instituto Federal Electoral (IFE)- admitió que la PGR
tiene la obligación de procesar este tipo de datos, pero eso no
significó que los tuvieran desagregados por municipios y en cortes
semanales. La información-argumentó- tiene que entregarse tal y como
está en los archivos oficiales.
No obstante, instruyó a la PGR para que
hiciera una búsqueda exhaustiva entre sus dependencias y archivos sobre
la existencia del número de muertos al cierre del año 2011, toda vez que
existieron pruebas de que no lo había hecho así, sobre todo, dentro el
Centro Nacional de Planeación y Análisis de Información (CENAPI).
Ante este fallo adverso, la PGR cambió
de estrategia. Ya no declaró que la información es inexistente sino que
la clasificó como confidencial.
En un documento enviado a quien hizo la
solicitud de acceso a la información (SJAI/DGAJ/11230/2011), la PGR
subrayó que los miembros del CENAPI firmaron por escrito una “promesa de
confidencialidad” sobre los datos oficiales cuando se trata de fuentes
relacionadas con operaciones de inteligencia, de acuerdo con la Ley de
Seguridad Nacional. Hacer lo contrario –argumentaron-, traería sanciones
incluso penales.
El CENAPI –precisaron- sólo integra la
información enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina, la Policía Federal y los gobiernos estatales por
lo que está obligada a no revelar esos datos.
Información reservada: Presidencia
En el otro extremo de este caso está la
propia Presidencia. En una solicitud de acceso a la información también
se le requirió el número de muertos hasta diciembre del 2011 con la
atenuante de que el entonces vocero de la guerra contra el narcotráfico,
Alejandro Poiré, publicó un ensayo en la revista Nexos en los que
adelantó datos preliminares sobre qué podría esperarse para el año
recién concluido.
En su respuesta, la Presidencia entregó
por correo electrónico algunas tablas preliminares sobre nueve estados
en los que aparecieron datos sobre el número de muertos hasta mayo del
2011: Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Al estudiar este caso –expediente
4481/11- de nuevo la comisionada María Marván consideró que tampoco
debía entregarse la información desagregada tal y como lo pretendió el
solicitante –por municipio y con cortes semanales-.
Además respaldó la postura de Los Pinos
en el sentido de que esta información, sobre todos los muertos durante
el año 2011, permanecerán bajo “reserva” toda vez que divulgar esos
datos sin que hayan sido verificados por las propias autoridades
causaría un detrimento en lugar de informar con veracidad.
De acuerdo con esta segunda postura
oficial, el grupo CANDADO (grupo de contacto de alto nivel para la
atención a la delincuencia organizada) es el responsable de organizar la
información proporcionada por el gabinete de seguridad.
Esta información –reconocieron en el
mismo expediente- se retroalimenta diariamente y es validada todos los
viernes de cada semana. No obstante, los datos respecto al 2011 aun no
están disponibles:
“(…) De proporcionarse lo solicitado por
el recurrente –constancias o documentos con los cuales se alimenta la
base de datos, de homicidios presuntamente relacionados con la
delincuencia organizada- se estarían entorpeciendo las actividades que
realizan las dependencias inmiscuidas en el tema de la seguridad pública
puesto que se entregaría información que no fue sujeta al proceso de
validación y que podría constituir información que no cumple con la
categorización o que fue duplicada lo que propiciaría confusiones o
equívocos entre los ciudadanos”.
El IFAI confirmó que esta información
está reservada. Sin embargo, en el mismo expediente ya citado no
aparecieron precisiones sobre cuánto tiempo llevaría a la Presidencia
“verificar esos datos” y tampoco los comisionados establecieron un plazo
máximo para abrir la información. Es decir, se trata de una información
“reservada” pero sin un tiempo específico para abrirse.
Fuente: Animal Político
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