viernes, 27 de enero de 2012

CONCIERTO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

El COLECTIVO EL GRITO MAS FUERTE cuenta con el apoyo de más de 100 de artistas y profesionales de la cultura y las artes, entre ellos: Julieta Egurrola, Héctor Bonilla, Daniel Giménez Cacho, Héctor Suárez, Tiaré Scanda, Diego Luna, Susana Alexander, Rosa María Bianchi, Víctor Trujillo, Ilse Salas, Sophie Alexander, etc.; éste colectivo se une al MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD (Javier Sicilia), con la intención de darle voz a las víctimas de la violencia que impera en nuestro país, además de sensibilizar a la ciudadanía para que todos nos convirtamos en agentes de cambio de esta situación que atraviesa nuestro México.

Para lograr lo anterior, el Colectivo ha hecho una serie de spots televisivos y de radio con muchos de los artistas involucrados; cada actor representa un testimonio real como si fuera propio, de tal manera que poniéndose EN LOS ZAPATOS DEL OTRO convoca a la sociedad civil a solidarizarse y generar una voz colectiva que participe en la construcción de la paz. Estos spots serán transmitidos en televisoras y radioemisoras privadas, públicas y estatales. los actores involucrados retoman las experiencias de las víctimas en sus propias voces y nos recuerdan: “yo hago esto para que lo que me pasó a mi, no te pase a tí”.

El lanzamiento y presentación de la campaña será el próximo lunes 30 de enero en el Teatro de la Ciudad – Donceles 36, col. Centro Histórico a las 20.00hrs., será un evento artístico, reflexivo y de unión, donde convergerán música, video y la presencia de las víctimas, quienes luego de sufrir una tragedia se han convertido en verdaderos defensores de los Derechos Humanos.

La música estará a cargo de El Gabinete, Juan Pablo Villa y Pate de Fua. Para el acceso a este evento se sugiere un donativo de $150.00 mismo que será otorgado al MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD para apoyo a los familiares de las víctimas.

martes, 24 de enero de 2012

"Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena."

Mahatma Gandhi

lunes, 23 de enero de 2012

jueves, 19 de enero de 2012

"La importancia de Gandhi, al igual que la de Tolstoi, reside en su prédica intrépida de la doctrina de la no-violencia." / Herbert Read

martes, 17 de enero de 2012

"La no-violencia es la ley de nuestra especia, del mismo modo que la violencia es la ley de las bestias. El espíritu yace dormido en las bestias, que sólo conocen la ley de la fuerza física. La dignidad del ser humano exige la obediencia a una ley más elevada, a saber, la fuerza del espíritu."

Mahatma Gandhi

viernes, 13 de enero de 2012

Oculta el gobierno cifra de muertos en la guerra contra el narco

Este texto es de la autoría de Daniel Lizárraga

El gobierno de Felipe Calderón decidió ya no informar cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico.La cifra correspondiente al año 2011 ha sido catalogada como reservada y confidencial, según se desprende de dos expedientes elaborados apenas en noviembre pasado por los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

En respuestas a dos solicitudes de acceso a la información tramitadas por ciudadanos –de los cuales sus nombres fueron omitidos por protección de datos personales- la Procuraduría General de la República (PGR) y la Presidencia pusieron bajo llave esta información sin que exista una fecha –mes y año- para que pudiera conocerse en el futuro tal y como lo marca la Ley Federal de Transparencia.

El plazo máximo que dispone dicha norma es de 12 años para información reservada. Para la PGR, la cifra de muertos ahora es confidencial por razones de seguridad nacional por  lo que ni siquiera podría conocerse en algún momento. En tanto, para la Presidencia se trata de información reservada toda vez que los datos preliminares aún no han sido verificados; sin embargo,  no estableció cuánto tiempo más demorarían en ese trabajo.
Por lo pronto,  la única información disponible será la que ya proporcionaron medios impresos como Reforma, El Universal yMilenio quienes han apuntado un incremento de alrededor de 12 mil muertos más respecto al cierre del 2010. La cifra oficial –la última que pudo conocerse en ese año- indicó que los fallecidos fueron alrededor de 34 mil. Estos medios de comunicación hacen sus estimaciones mediante sus propias bases de datos.
Animal Político solicitó a la Presidencia conocer sus razones para ocultar esos datos correspondientes al año 2011, pero optaron por no responder.
Esta postura oficial manejada por la Presidencia así como por la PGR representan un viraje en la política de transparencia  de los últimos años. En agosto del 2010, durante los “Diálogos por la Seguridad”, el entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, reveló por vez primera que el conteo oficial había registrado, hasta ese momento, 28 mil muertos.
Esta cifra fue puesta sobre la mesa luego de que académicos y líderes de organizaciones civiles protestaron ante el propio Felipe Calderón por la falta de información sobre cómo iba la guerra contra el narcotráfico y, sobre todo, el resultado que tenían dentro de las Fuerzas Armadas.
A partir de ese momento no sólo se nombró a un vocero para informar sobre el estado de la guerra contra el narcotráfico, Alejandro Poiré, sino que además en el portal de la Presidencia se abrió desde entonces un espacio con cifras y datos sobre el número de fallecidos ya fuera por enfrentamientos entre bandas rivales, asesinatos por ajustes de cuentas, o bajas en enfrentamientos con el Ejército, la Marina o la Policía Federal.
La información concerniente a 2012 ya no fluirá hacia los académicos, organizaciones civiles y medios de comunicación. En su edición del pasado 3 de enero, The Washington Post criticó que después de prometer que actualizaría las cifras con regularidad, no ha informado por su propia cuenta el número de muertes (relacionadas con el narcotráfico), tal vez porque la línea de la tendencia no se vería bien.

Ayer, tres de los principales periódicos mexicanos ofrecieron cifras de sus propios recuentos sobre muertes relacionadas con el narcotráfico: Reformapublicó que en 2011 hubo un total de 12 mil 359 muertes,Milenio registró 12 mil 284 muertes relacionadas con drogas el año pasado y La Jornada contó 11 mil 890 muertes en 2011.
De acuerdo con el recuento de los diarios nacionales y las cifras publicadas hace un año por el gobierno de Calderón, la cifra total de muertos a cinco años de declarada la guerra contra el crimen organizado ya rondaría los 50 mil.
Información clasificada: PGR
El 20 de junio del año 2011, un ciudadano pidió a la PGR que le entregaran la base de datos sobre “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” –como oficialmente se le ha conocido- con cortes semanales, desglosada  por tipo de enfrentamiento. La información se requirió por municipio desde el año 2006  hasta el momento en que se hizo la solicitud.
En su primera respuesta, la PGR lo remitió a un portal de internet –el de la Presidencia- en el cual venían algunas bases de datos con información sólo hasta diciembre de 2010. Es decir, faltaba todo el año siguiente.
Al conocer este asunto –expediente 4482/11-  la entonces comisionada María Marván –ahora nombrada consejera ciudadana de Instituto Federal Electoral (IFE)-  admitió que la PGR tiene la obligación de procesar este tipo de datos, pero eso no significó que los tuvieran desagregados por municipios y en cortes semanales. La información-argumentó- tiene que entregarse tal y como está en los archivos oficiales.
No obstante, instruyó a la PGR para que hiciera una búsqueda exhaustiva entre sus dependencias y archivos sobre la existencia del número de muertos al cierre del año 2011, toda vez que existieron pruebas de que no lo había hecho así, sobre todo, dentro el Centro Nacional de Planeación y Análisis de Información (CENAPI).
Ante este fallo adverso, la PGR cambió de estrategia.  Ya no declaró que la información es inexistente sino que la clasificó como confidencial.
En un documento enviado a quien hizo la solicitud de acceso a la información (SJAI/DGAJ/11230/2011), la PGR  subrayó que los miembros del CENAPI firmaron por escrito una “promesa de confidencialidad” sobre los datos oficiales cuando se trata de fuentes relacionadas con operaciones de inteligencia, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional. Hacer lo contrario –argumentaron-, traería sanciones incluso penales.
El CENAPI –precisaron- sólo integra la información enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y los gobiernos estatales por lo que está obligada a no revelar esos datos.

Información reservada: Presidencia
En el otro extremo de este caso está la propia Presidencia. En una solicitud de acceso a la información también se le requirió el número de muertos hasta diciembre del  2011 con la atenuante de que el entonces vocero de la guerra contra el narcotráfico, Alejandro Poiré, publicó un ensayo en la revista Nexos en los que adelantó datos preliminares sobre qué podría esperarse para el año recién concluido.
En su respuesta,  la Presidencia entregó por correo electrónico algunas tablas preliminares sobre nueve estados en los que aparecieron datos sobre el número de muertos hasta mayo del 2011: Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán,  Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Al estudiar este caso –expediente 4481/11- de nuevo la comisionada María Marván consideró que tampoco debía entregarse la información desagregada tal y como lo pretendió el solicitante –por municipio y con cortes semanales-.
Además respaldó la postura de Los Pinos en el sentido de que esta información, sobre todos los muertos durante el año 2011, permanecerán bajo “reserva”  toda vez que divulgar esos datos sin que hayan sido verificados por las propias autoridades causaría un detrimento en lugar de informar con veracidad.
De acuerdo con esta segunda postura oficial, el grupo CANDADO (grupo de contacto de alto nivel para la atención a la delincuencia organizada) es el responsable de organizar la información proporcionada por el gabinete de seguridad.
Esta información –reconocieron en el mismo expediente- se retroalimenta diariamente y es validada todos los viernes de cada semana. No obstante, los datos respecto al 2011 aun no están disponibles:
“(…) De proporcionarse lo solicitado por el recurrente –constancias o documentos con los cuales se alimenta la base de datos, de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada- se estarían entorpeciendo las actividades que realizan las dependencias inmiscuidas en el tema de la seguridad pública puesto que se entregaría información que no fue sujeta al proceso de validación y que podría constituir información que no cumple con la categorización o que fue duplicada lo que propiciaría confusiones o equívocos  entre los ciudadanos”.
El IFAI confirmó que esta información está reservada. Sin embargo, en el mismo expediente ya citado no aparecieron precisiones sobre cuánto tiempo llevaría a la Presidencia “verificar esos datos” y tampoco los comisionados establecieron un plazo máximo para abrir la información. Es decir, se trata de una información “reservada” pero sin un tiempo específico para abrirse.

México: 5 años de guerra, 60 mil muertos

El siguiente texto es de la autoría de Enrique Mendoza Hernández -Zeta 


México- En medio de la impunidad en el sexenio del presidente Felipe Calderón los muertos en México ya no se cuentan de uno en uno. Se cuentan por montones como los 26 cadáveres arrojados en plena Guadalajara o los 35 en Boca del Río.
Por cientos se registran los desenterrados de narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, hasta el momento.
Con el Operativo Michoacán Felipe Calderón inauguró lo que llamó su guerra contra el crimen organizado el 11 de diciembre de 2006.

A cinco años de gobierno y a uno de que concluya su administración, niños, mujeres, estudiantes, activistas sociales, empresarios, periodistas, adolescentes y otros mexicanos han perdido la vida.
Recurriendo como metodología a la comparación de las tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, Zeta llegó a la conclusión que durante los cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón la cantidad de muertos llegó a 60 mil 420, escalofriante cifra que incluye lo que el gobierno federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.
La alarmante suma se obtiene del siguiente desglose anual:
En diciembre de 2006 Zeta registró 62 muertes relacionadas con el crimen organizado. En 2007: 2 mil 826. 2008, 6 mil 837. 2009, 11 mil 753. 2010, 19 mil 546. Y en 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, la cifra llegó a 19 mil 396.
La validez de las estadísticas de Zeta está sustentada también en el discurso del gobierno federal: Cuando Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en realidad el funcionario federal reconoció tácitamente que 75.88% correspondía a crímenes relacionados con el narcotráfico.
Ahora que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2011 el Sistema Nacional de Información da cuenta de 80 mil 107 homicidios dolosos, los 60 mil 420 relacionados con el crimen organizado registrados por Zeta corresponden a 75.42% del total de homicidios dolosos cometidos en cinco años de gobierno calderonista.
Los anteriores son los muertos oficiales, pero hay otros que las autoridades tanto estatales como federales prefieren ocultar ante la comunidad mexicana e internacional.

LOS MUERTOS INCÓMODOS
No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información. Un ejemplo muy claro es el estado de Chihuahua: La fiscalía de aquella entidad informó en noviembre de 2011 que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de este año sucedieron en Chihuahua 16 mil 456 “homicidios dolosos” de los cuales 2 mil 549 ocurrieron en 2008, 4 mil 543 en 2009, 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011.
No obstante el Sistema Nacional de Información a través del Secretariado Ejecutivo sólo reporta 11 mil 588 “homicidios dolosos”: 2 mil 30 en 2008, 3 mil 156 en 2009, 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en los primeros 10 meses de 2011. Es decir, el Sistema Nacional de Información no da cuenta de 4 mil 868 homicidios dolosos. Sólo hay dos opciones: O la fiscalía de Chihuahua no reporta 100% de los muertos al gobierno federal o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan.
De hecho en la edición 1945 correspondiente a la semana del 8 al 14 de julio de 2011 (http://www.zetatijuana.com/2011/07/11/50-mil-ejecuciones/) Zeta dio a conocer que el 14 de marzo de este año la Fiscalía General de Justicia del Estado Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010, pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que en 2010 ocurrieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución.
Entonces si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones.
Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008, mil 976 en 2009, 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011.
Zeta ha solicitado entrevista durante todo 2011 con el licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del estado de Chihuahua, para que responda si existe ocultamiento de información al gobierno federal o si es este último el que no registra el 100% de homicidios dolosos reportados por las autoridades federales. Este semanario no ha obtenido respuesta favorable.
Recientemente se le preguntó a un funcionario del Sistema Nacional de Información a propósito de sus estadísticas a través de las cuales el gobierno federal reporta el total de ejecuciones, si las procuradurías estatales están reportando el total de homicidios dolosos al Sistema Nacional de Información.
Contestó: “Nosotros registramos lo que las procuradurías nos mandan”. Para ilustrar un panorama de lo que ocurre a nivel nacional sobre el ocultamiento de los muertos, puso como ejemplo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no había reportado ningún secuestro durante todo 2011 al Sistema Nacional de Información. El funcionario contestó a Zeta con una pregunta retórica: “¿Tú les crees? Yo no.”

LOS MUERTOS DE LA FOSA COMÚN
En las estadísticas del Sistema Nacional de Información existe una especie de fosa común virtual. Ahí están amontonados los muertos no identificados, muchos desaparecidos reclamados por familiares en las marchas, los que quién sabe de qué país centroamericano venían, los calcinados, los pedazos de los desmembrados, los cráneos encontrados por montones, los cuerpos putrefactos desenterrados como si fueran papas de las fosas clandestinas por todo el país, las cabezas sin cuerpo dentro de bolsas de plástico negro.
De las 60 mil 420 ejecuciones registradas por Zeta durante cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón clasificadas como homicidios dolosos cometidos “por arma de fuego”, “por arma blanca”, “sin datos” y “otros”, 21 mil 768 corresponden precisamente al rubro de “otros”: En 2007 el Sistema Nacional de Información registro 4 mil 202 “otros” muertos, 3 mil 487 en 2008, 3 mil 946 en 2009, 5 mil 25 en 2010 y 5 mil 108 durante 10 meses de 2011.
Un funcionario del Sistema Nacional de Información aseguró que en el rubro de “otros” tienen su tumba virtual los decapitados y otros difuntos para los cuales no existe una categoría en el formato de Incidencia Delictiva del gobierno federal:
“Si es un decapitado, pues obviamente en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados. Tampoco hay un apartado que diga ‘ejecuciones’, ‘decapitados’, que estén específicamente y que tú digas: ‘Bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?’”, diría el funcionario del Sistema Nacional de Información.
Por si fuera poco, de las 60 mil 420 ejecuciones ocurridas durante 5 años de gobierno del presidente Calderón, 6 mil 257 difuntos son clasificados como “sin datos”: En 2007 el Sistema Nacional de Información registró 746 muertos “sin datos”, 2 mil 302 en 2008, mil 43 en 2009, mil 275 en 2010 y 891 difuntos “sin datos” del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2011.
Para acabar pronto, entre el rubro de “otros” con 21 mil 768 cadáveres y la categoría de “sin datos” con 6 mil 257, en cinco años de gobierno suman 28 mil 25 difuntos. En otras palabras, de los 60 mil 420 crímenes cometidos en cinco años, 46.38% son muertes clasificadas como “sin datos” y “otros”; es decir, el gobierno federal desconoce la identidad de 28 mil 25 muertos.
“El punto es que hasta que no exista una investigación seria, creíble, que realmente son muy escasas en México, fundada, es imposible determinar quiénes han sido estas víctimas y quiénes son sus responsables”, explicó fehacientemente a Zeta el doctor José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW).
“Lo que ocurre en México es que no existen investigaciones creíbles”, sentencia Vivanco.
Asimismo, Diego E. Zavala, especialista en derechos humanos de México para Amnistía Internacional (AI) con sede en Londres, explicó sobre la situación crítica de los derechos humanos en México:
“El gobierno (de México) ha reiterado a menudo su compromiso con la protección de los derechos humanos durante su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los casos de las personas desaparecidas, las fosas clandestinas, los secuestros y asesinatos ponen de relieve la situación crítica de los derechos humanos en México.”
AI coincide con HRW sobre la nula investigación del gobierno federal para por lo menos determinar la identidad de las víctimas, menos para sentenciar a los culpables de las 60 mil 420 ejecuciones:
“Lo que urge es la investigación”, concluye el doctor Diego E. Zavala

BC, DESHONROSO CUARTO LUGAR NACIONAL
Del total de 60 mil 420 muertes relacionadas con el crimen organizado durante los últimos cinco años, 48 mil 692 corresponden a 12 estados. Es decir, 12 entidades federativas concentran 80.5% del total de crímenes.
En primer lugar, Chihuahua. Se han registrado 12 mil 712 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2011.
Segundo lugar, Sinaloa con 7 mil 003. Tercer lugar, Guerrero, con 5 mil 175. Cuarto, Baja California con 4 mil 14. Quinto, Estado de México con 3 mil 215. Sexto, Nuevo León con 3 mil 35. Séptimo, Durango con 2 mil 880. Octavo, Jalisco con 2 mil 535. Noveno, Michoacán con 2 mil 408. Décimo, Tamaulipas con 2 mil 291. Undécimo, Sonora con 2 mil 66 y duodécimo, Coahuila con mil 358.

LOS ‘DAÑOS COLATERALES’
El sexenio del presidente Felipe Calderón también se ha caracterizado por las muertes de civiles que su propia administración llama “daños colaterales”: Niños, estudiantes, empresarios, periodistas, activistas sociales.
El gobierno del presidente Calderón reconoce: “90% de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo un 10% de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010.
Si Zeta ha documentado 60 mil 420 muertes producto de la guerra de Calderón contra el crimen organizado durante su sexenio, el 10% de “blancos civiles” serían 6 mil 42.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas nada más en el sexenio del presidente Felipe Calderón y 8 mil 898 cadáveres no identificados han sido algunos de los “resultados” de su “guerra” contra el crimen organizado.
Asimismo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez, 120 mil personas desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y más de 40 mil mexicanos que han pedido asilo político de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Entre “los daños” colaterales se encuentran señores y señoras que al perder a sus familiares se han convertido en activistas sociales blanco no sólo de la impunidad gubernamental incapaz de revolver sus casos sino también del crimen organizado y del Estado mismo. No existe ninguna investigación si son algunas autoridades o el crimen organizado quienes han acabado con la vida de muchos activistas.

Fuente: NUESTRA APARENTE RENDICIÓN

martes, 10 de enero de 2012

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente;
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente...

Canción de León Gieco